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El ayuntamiento en pleno se compromete en la lucha contra el cierre de Schott

03/06/2014

Schott DSCF9246Pocas veces un asunto ha gozado de tanta unanimidad. Todos los grupos políticos, aunque con matices, votaron la declaración Inconstitucional en apoyo de los 112 trabajadores de Schott Ibérica (la antigua Atevi), sobre los que pende la amenaza de cierre.

En su intervención en el pleno, el presidente del Comité explicó que acababa de llegar de la Inspección de Trabajo y que se habían roto las negociaciones con la empresa, especializada en vidrio de uso farmacéutico y de laboratorio. Por este motivo, efectuarán una huelga de dos días esta semana y otros, la próxima.

El representante de los trabajadores subrayó que la multinacional alemana –con fábrica en Sant Adrià y la mayoría de empleados de Santa Coloma– obtiene un 20% de beneficios, de los que el 55% se atribuyen a la factoria catalana. Explicó que, pese a la buena salud de al empresa, los directivos quieren trasladar su producción a Mitterteich, en Alemania. Recalcó que antes de la Reforma Laboral del PP eso no hubiera sido posible, pero que hoy la legislación española ampara a la multinacional.

Todos los grupos, incluido el PP colomense, suscribieron la moción, que contempla una batería de gestiones con la Generalitat, el Ajuntament de Sant Adrià y la empresa para tratar de evitar el cierre. Lo dijo la propia Mari Carmen Sáez, y Sergi Arnau, de Gent, y Núria Parlon, del PSC, y Siscu Sánchez, de ICV-EUiA, quien se brindó a colaborar en una posible caja de resistencia. Especialmente afectado estaba Carles Combarros, de CiU, por haber trabajado en esa empresa: «En Atevi, hay trabajadores que tuvieron al abuelo y al padre trabajando, pero eso se acabó».

Nombramiento provisional

Anoche, los asuntos laborales consumieron buena parte del debate. Pero, si bien Schott cosechó consensos, el nombramiento provisional como coordinador de un área de Servicios Sociales de Antonio Perea Núñez, originó una oleada de críticas por parte de Gent de Gramenet, Partido Popular, Plataforma per Catalunya y el sindicato CGT, cuya representante hizo uso de la palabra.

El tema de fondo es que el Ayuntamiento no ha convocado un concurso de méritos, aunque piensa hacerlo en breve, en palabras de Lídia Guinart, del PSC. La consejala se esforzó en subrayar que se tratada de una decisión temporal, pero la abscripción política de Perea a Iniciativa levantó todo tipo de suspicacias.

Se dijo que su nombramiento obligada a una remodelación y se hizo hincapié en el traslado obligado de Mari Carmen Martínez. Según la oposición y el citado sindicato, esta trabajadora tiene problemas de salud desde que se le comunicó su nuevo destino en El Raval, donde trabajó años atrás. Unos hablan de graves problemas e incluso de peligro para la vida, mientras otros se ponen las manos a la cabeza ante lo que consideran una exageración. Según el equipo municipal –PSC, ICV-EUiA y CiU– se trata de una mera resistencia al cambio. El nombramiento se aprobó con la promesa del concurso.

[En el momento de cerrar esta información se debatía sobre los terrenos de Can Zam, cuestión que, por su interés, abordaremos en otra crónica]