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El empresario de Limasa confiesa que sobornó al ex alcalde de Santa Coloma

15/03/2017

El empresario Manuel Carrillo, propietario de la empresa de servicios de limpieza Limasa, ha reconocido sobornos para que el Ayuntamiento de Santa Coloma le adjudicara, en el mandato de Bartomeu Muñoz, el contrato para la limpieza de edificios municipales y colegios públicos.

En el juicio del caso Pretoria, Manuel Carrillo ha explicado que modificó las condiciones de su oferta, a petición del propio Muñoz, para poder ganar puntos respecto la empresa que había quedado en primer lugar. El empresario también ha explicado que pagó dinero en metálico al exalcalde -6.480 euros- para cuidar su relación con el consistorio, y también accedió, a requerimiento de Muñoz, el patrocinio de un equipo de fútbol sala.

Después de la confesión, la Fiscalía y la defensa han acordado una rebaja de condena que le evitará la entrada en prisión. Carrillo ha aceptado una condena de medio año de prisión y multa de 12.480 euros tras reconocer el pago por la adjudicación.

La fiscal, que modificará su informe de conclusiones definitivas al fin de la vista oral, ha concretado que la pena de medio año de cárcel podría sustituirse por una multa de 7.200 euros, cantidad correspondiente a los pagos que efectuó al entonces regidor, cantidad que se sumaría a los 12.480 euros ya citados.

El propietario de Limasa, que se enfrentaba a una pena inicial de tres años de cárcel, ha justificado tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que entregó el dinero que le habían pedido porque pensaba que debía atender las peticiones que realizaba el Consistorio, al cual venía prestando servicios desde los años setenta. Además, ha reconocido la veracidad de una escucha telefónica reproducida por la Sala en la que él y Muñoz trataban sobre el proceso de adjudicación del contrato.

“Ni una palabra a nadie”

”Lo tienes más crudo que la ostia. Está arreglado y liquidado. Ni una palabra a nadie”, es parte del extracto de la conversación telefónica que se atribuye a Muñoz, el cual le pide que el acuerdo “quede así” a lo que Carrillo agradece “muchísimo” los hechos porque “estaba muy preocupado” con la operativa.

El informe de la Fiscalía recoge cómo el exalcalde expresó a la directora del Área de Servicios Territoriales Gemma Fernández, “su interés” en que el informe que tenía que redactar fuera favorable a Limasa, todo pese a que en un principio ella era partidaria de respaldar a otra empresa que reunía más requisitos. Finalmente, el contrato se publicó en el BOE el 1 de febrero de 2009.

En su intervención, el Bartomeu Muñoz ha justificado este miércoles que se modificaran los contratos iniciales de la operación Pallaresa-Cúbics -aprobada por el consistorio en 2001 para la creación de un centro comercial, un hotel y viviendas- como requisito necesario para que saliera adelante el proyecto, pese a la acusación de la Fiscalía que entiende que estas modificaciones ocultaban la revalorización de los terrenos de la que se beneficiarían las sociedades que habían conseguido irregularmente la adjudicación.

‘Bartu’ Muñoz ha afirmado que el proyecto estuvo parado dos años, entre 2001 y 2003, porque era “absolutamente imprescindible” modificar el plan general metropolitano. Años después, en 2009, se produjo otra modificación que implicaba la disminución de estrellas del hotel que se construyó en la zona y la tipología de viviendas para que pasaran a ser de alquiler y no solo de compra.

Petición de la fiscal

De nuevo ha insistido, como ya hizo ayer a preguntas de la fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, que el cuerpo político de Santa Coloma no entraba en estas operaciones y que eran responsabilidad de los técnicos. Pese a ello, el Ministerio Público, que pide para él seis años y diez meses de prisión por delito continuado de cohecho, entiende que se trató de una operación amañada en la que medió el cabecilla de la trama, el empresario Luis García (alias ‘Luigi’) “para posteriormente vender los terrenos a cambio de una importante comisión”.

La adjudicación recayó sobre la sociedad Centre Comercial Gramenet, integrada por Proinosa (propiedad del acusado José Singla) y otras dos más, gracias a los informes favorables del técnico Luis Falcón que favorecieron la aprobación de la adjudicación por parte del Pleno del consistorio, según ha apuntado el Ministerio Fiscal que denuncia que los once acusados de la trama integraron una red de corrupción urbanística con tres operaciones clave, entre ellas Pallaresa.

El exalcalde socialista ha precisado a preguntas de las defensas y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Santa Coloma, que la operativa se modificó para beneficiar a los ciudadanos (hacer un hotel de menos estrellas y más accesibles para los ciudadanos y facilitar que las viviendas fueran de alquiler en vez de compra para que accedieran con mayor facilidad) con un resultado final superior a los 18,4 millones de euros para el Ayuntamiento, el cual ingresó por licencia de obras más de 4 millones.

Operativa sin beneficio para el ayuntamiento

La Fiscalía apunta en su informe que en dichas modificaciones de pliegos el consistorio “no obtuvo beneficio alguno” y señala que la última de ellas se hizo con el criterio contrario de la interventora municipal. Muñoz, que ha destacado que ejercía su trabajo con carácter “provisional” en el momento de los hechos, se refirió ayer a ella en conversación telefónica como ‘imbécil asquerosa’, según las grabaciones de las escuchas que reprodujo ayer la Sala del tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel.

Los once acusados de la trama, entre los que se encuentran Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ambos personas de máxima confianza de Jordi Pujol– se enfrentan a penas de prisión que van de seis meses a ocho años (la máxima recae sobre ‘Luigi’) por integrar la trama con la que efectuaron tres pelotazos urbanísticos en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona./ Agencias