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El exalcalde de Santa Coloma pide en el juicio la anulación de las escuchas telefónicas

13/03/2017

De izda a dcha. El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconseller Macià Alavedra, el exdiputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz./ Fernando Villar

Tras ocho años de espera, el juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en Santa Coloma y otros dos municipios ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional con once acusados en el banquillo, entre ellos el exalcalde del PSC Bartomeu Muñoz. El colomense se enfrenta a una pena de seis años y diez meses de prisión bajo la acusación de haberse lucrado de 1,72 millones en la Operación Pallaresa-Cúbics.

En el banquillo se sientan también el exdiputado socialista Luis Andrés García, Luigi, considerado el cabecilla de la trama y el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra.

Hoy se han puesto de relive las distintas estrategias de defensa. Mientras que Bartu Muñoz ha insistido en reclamar la anulación de las escuchas teléfonicas -que declaró legales la propia Audiencia Nacional en enero del 2011-, Marià Alavedra y sus dos testaferros llegaban a un pacto con la Fiscalía. La rebaja de la pena estará en función de la declaración que presten, reconociendo los hechos, y del pago de la fianza de 10,3 millones de euros que reclamaba la fiscalía.

Los abogados del exalcalde Muñoz, y de Luis Andrés García se han opuesto a que se incorporen las conversaciones telefónicas alegando un hipotético quebranto de derechos fundamentales y una supuesta invasión injustificada de su intimidad. Los pinchazos telefónicos se hicieron el despacho de la Alcaldía de Santa Coloma por orden del entonces magistrado Baltasar Garzón.

Se calcula que su red, que operó entre 2001 y 2009, pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la ‘operación Pallarena’, la ‘operación Badalona’ y la ‘operación Niesma’.

De las operaciones urbanísticas en las que se detectaron estas artimañas, destaca la de Santa Coloma. Siendo Manuela de Madre la alcaldesa, en 2002, se subastó un solar público por 12 millones de euros. Dos años más tarde, lo compró otra sociedad. Ya con Bartomeu Muñoz en la alcaldía, en 2005, se produjo una modificación de los usos del plan urbanístico. El resultado era la disminución de superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida a cambio de destinarla a vivienda libre. El promotor recibía entonces un beneficio mucho mayor. Según el auto de apertura del juicio oral, por la modificación de los planes urbanísticos se obtuvieron 18,3 millones.

De las conversaciones grabadas durante la investigación cabe destacar una en que Luigi se dirige a Bartomeu Muñoz diciéndole: “Hay que echarla. ¿Quién se cree que es esta puta interventora?” en referencia a la funcionaria Maite Carol que sería posteriormente despedida. Carol firmaba informes negativos ante las sospechas de la trama de corrupción.

En sus conclusiones provisionales, Anticorrupción solicitaba seis años y diez meses para Alavedra y una multa de 10 millones de euros, además proponía el decomiso de «las ganancias ilícitas» que obtuvo, que ascendieron a 3.243.103 euros. Para Carrillo pedía tres años por cohecho, por hacerse con la concesión de limpiezas del Ayuntamiento de Santa Coloma, gracias a la ayuda del que era su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz.